El Gobierno de Pedro Sánchez tomó posesión con la tarea de mantener el crecimiento económico y gestionar la división política y social desatada por la futura ley de amnistía a los implicados en el intento separatista de Cataluña, encabezado por Carles Puidgemont, en 2017.

Sánchez se rodeó de su núcleo duro y eligió un gabinete de marcado carácter político para afrontar una legislatura muy complicada. La aprobación de la futura ley de amnistía a los líderes del ‘procés’ demandará del Ejecutivo mucha cintura política para enfrentar una notable división política y social.

Los 22 miembros del nuevo gabinete, con mayoría de mujeres, juraron su cargo en el Palacio de la Zarzuela ante el jefe del Estado, el rey Felipe VI. Las vicepresidentas Nadia Calviño de Economía, La líder de Sumar, Yolanda Díaz, en Trabajo y la titular de Medioambiente Teresa Ribera renuevan sus compromisos. Para María Jesús Montero, Ministra de Hacienda, supone también asumir la responsabilidad de una cuarta vicepresidencia.

José Manuel Albares en Exteriores, Margarita Robles en Defensa y otros mantienen sus carteras. Félix Bolaños, hasta ahora ministro de Presidencia, asume también la cartera de Justicia.

Marchas en España contra la ley de amnistía

La coalición de izquierda de la vicepresidenta Yolanda Díaz logró cuatro ministerios más; Cultura, Sanidad, Derechos sociales y la nueva cartera de Juventud e Infancia.

Por el PSOE se incorporan nuevos rostros como Ángel Víctor Torres en Política Territorial, Jordi Hereu en Industria, Óscar Puente en Transporte, Elma Saiz en Seguridad Social y Ana Redondo en Igualdad.

Entre la prioridades del nuevo Consejo de Ministros se encuentra el desafío de mantener el crecimiento económico ante las previsiones de ralentización de la zona Euro.

Ante el rey Felipe VI, Pedro Sánchez juró como presidente de España

La propuesta de ley de amnistía, ya registrada en el Congreso- anula la responsabilidad penal, administrativa y contable de las personas vinculadas con el proceso soberanista durante una década, desde el 1 de enero de 2012 al 13 de noviembre de 2023.

También incluye una referencia a Puigdemont al señalar que quedarán sin efecto las órdenes de busca y captura e ingreso en prisión así como las órdenes nacionales, europeas e internacionales de detención, que afectan también a otros tres dirigentes fugados.